Avalanchas y responsabilidad de los profesionales de la montaña

Los elementos del comportamiento que interesan al juez

Artículo procedente de:

Avalanches et responsabilité des professionnels

encadrants de montagne:

Les elements comportementaux qui intéressent le juge.

Revista Neige et Avalanches, n.º 154, Julio-2016, ANENA.
Autora: Florine Lachenal, jurista en prácticas en ANENA.

NOTA: Resumen (excluyo muy poco texto) adaptando al español

No hay en Francia una reglamentación particular para las actividades deportivas de montaña que determine el régimen de responsabilidad de los profesionales cuando éstos han cometido faltas en el caso de un alud que provoca daños o víctimas.

En ausencia de textos específicos, cuando el juez tiene que pronunciarse sobre la implicación de un guía, monitor de esquí o guía acompañante de media montaña, no tiene otra elección que referirse a los regímenes de responsabilidad civil y del derecho común.

En tal caso, cuando se encuentra enfrentado a un accidente fuera de las pistas que implican a un profesional, el juez ha de comparar la actitud de éste antes y durante la salida, con la de una persona normalmente prudente y diligente, emplazada en la misma situación. Se refiere pues al uso de las reglas del arte, los usos y costumbres.


¿Quién es competente para decidir la mejor actitud a adoptar?

El código del deporte nos permite identificar dos referencias en la materia:

Por una parte el artículo L. 131-16 prevé que las federaciones delegadas del Estado para un deporte promulguen “las reglas técnicas propias de su disciplina”. Así, la Federación Francesa de Esquí (FFS) recibe delegación para el esquí alpino y la Federación Francesa de Montaña y Escalada (FFME) recibe delegación para el esquí de alpinismo, poniendo cada una de su parte a través de recomendaciones y reglas de seguridad.

Por otra parte, el artículo D. 211-53-1 otorga a la Escuela Nacional de Esquí y Alpinismo (ENSA) dos misiones principales: garantizar la formación de profesionales de montaña y elaborar los métodos de enseñanza del esquí y alpinismo franceses.

Esta misión ha consistido en poner a punto las reglas de seguridad básica a sus formadores, por medio de cada uno de los cursos consagrados a las prácticas fuera pista. Los profesionales en formación se confían a tareas muy precisas. Dichas tareas son el resultado de gestos sencillos y bien intencionados con el fin de asegurar la seguridad de su clientela.

Hoy, el juez se basa también en la experiencia de los profesionales de la nivología así como en la de la policía y gendarmería especializadas en el socorro en montaña, como las Compañías Republicanas de Seguridad en Montaña (CRS) y los Pelotones de la Gendarmería de Alta Montaña (PGHM). Y aun en las buenas prácticas de los organismos reconocidos, tales como la Asociación Nacional para el Estudio de la Nieve y los Aludes (ANENA).

El juez, a veces ignorante de las costumbres montañesas, no tiene otra alternativa que apoyarse en la enseñanza de esas reglas de seguridad con el fin de exponer una eventual falta por parte del profesional.

En un entorno actualmente judicializado, hay muchas preguntas que intrigan a los profesionales responsables:

  • ¿Cómo interpreta estas reglas el juez?
  • ¿Establece una jerarquía entre ellas?

Dicho de otra forma, ¿cuáles son los elementos del comportamiento en relación con el daño que el juez considera como una falta? y ¿cuáles son aquéllos que el juez considera como una simple circunstancia agravante?


La utilización de los boletines de previsión

Las condiciones nivometeorológicas de los diferentes boletines locales o nacionales representan los medios más expuestos en un contencioso.

Recordemos que en la medida en que estos útiles anuncian la estimación de un riesgo de aludes, estos riesgos son generales, aplicados a la escala de un macizo, y no a un sector ni a una zona en particular.

Las jurisdicciones admiten que los boletines de previsiones nivometeorológicas no sean jurídicamente obligatorios.

Su objetivo no es prohibir o autorizar la práctica del fuera pista, sino de proveer al usuario de elementos que le permitan adaptar su itinerario y su comportamiento a las condiciones de la nieve y a los riesgos previstos. El juez los considera únicamente como parámetros de ayuda a la decisión, dejando al cuidado de los profesionales el preocuparse de su conocimiento, su experiencia e igualmente del buen sentido, para determinar si la salida que han organizado parece arriesgada.

De hecho, ocurre a menudo que los jueces exculpan a los responsables tanto en el ámbito civil como en el penal, mientras que las condiciones nivometeorológicas anunciadas no eran favorables a una salida fuera de pista.

Mientras que el juez tiende a garantizar una cierta libertad de decisión a los profesionales, dejándoles la elección de adaptar su itinerario a las informaciones divulgadas por los boletines, por el contrario, se muestra mucho menos tolerante frente a aquéllos que, antes de tomar una decisión, ni tan solo se han tomado la molestia de consultarlos.

Los boletines son consultables en diversos lugares de una estación de deportes de invierno. Un profesional previsor se informa la víspera de la salida a través del sitio de Internet o con la aplicación móvil meteorológica de Météo France. El día D, es lógicamente posible informarse directamente en el servicio de pistas o en la salida de los remontes mecánicos. La tarea es facilitada por los responsables de aquéllos pues cuelgan diariamente los boletines en sus organismos correspondientes.

Sin embargo, a pesar de la disponibilidad de información, normalmente facilitada por la presencia de una bandera o de señales de peligro de aludes, varios jueces han tenido ocasión de pronunciarse sobre la responsabilidad de un profesional que no se ha informado antes de una salida fuera pista.

La última condena de un profesional por falta de información fue considerada por el juez como una falta, con fecha del 8 de marzo de 2007.

Es obligado constatar que el simple hecho de organizar una salida fuera pista, cuando los boletines de previsión anuncian un riesgo fuerte o marcado de aludes, no constituye en sí una falta.

Al contrario, el juez es mucho más estricto frente a profesionales que no se han informado de nada. Esta abstención es considerada generalmente como una falta susceptible de incurrir en una responsabilidad, si la abstención se revela evidente en relación con los daños causados por el alud.


El equipamiento de material de seguridad fuera pista

Es lo primero que se enseña a los profesionales en prácticas: nada de fuera pista sin DVA, sin pala y sin sonda.

Esta consigna suena como una prohibición formal en los centros de formación de responsables de montaña.

Entonces, ¿el juez considera el material de seguridad como una medida “obligatoria”? La respuesta parece afirmativa, porque desde 1997, parece considerarse como una falta por parte del profesional la omisión de suministro del ARVA a sus clientes.

Más explícito aún, con ocasión del alud de Crôts en enero de 1998, el Tribunal de apelación de Grenoble se expresó libremente sobre el asunto: “en lo concerniente a los ARVA, reinaba en aquella época, y quizás aún entre algunos profesionales, la idea de que llevarlo podría no ser sistemático sino en ocasiones, en función de las condiciones y la composición del grupo. Esta idea es tan falsa como la de no pararse en un STOP salvo que haya un vehículo en la proximidad: más tarde o más temprano es estadísticamente cierto que se cometerá un error de apreciación de la distancia con el otro vehículo implicando un accidente (…)”.

Conforme a la idea bien aceptada hoy, según la cual tal equipamiento no pueda ser una opción, el Tribunal correccional de Albertville se pronunció el 7 de agosto de 2015 sobre la culpabilidad de formadores de la Unión Nacional de Centros Deportivos al Aire Libre (UCPA), implicados en el alud que ocurrió en Tignes en diciembre de 2012.

En este asunto, el juez concluyó una relación de causalidad entre la ausencia de material de detección de víctimas de aludes y la muerte de una joven en prácticas; “los acusados han acumulado también un riesgo enorme con la ausencia de material de seguridad y con la presencia de un DVA habría sido sin duda posible encontrar la víctima más rápidamente y seguramente indemne”.

Recordamos en esta ocasión que este motivo, como cualquier otro motivo encontrado sobre un profesional, no puede ser considerado por sí solo como una falta, si no ha habido relación con el daño causado por el alud.

Para establecer la relación de causalidad, es necesario a menudo realizar una autopsia a fin de determinar cuánto tiempo la víctima tardó en morir tras ser sepultada, para poder concluir que, si esta última hubiese estado equipada con un DVA, habría ciertamente sobrevivido.

Al contrario, el hecho de equipar a sus clientes con el material de seguridad adecuado constituye una circunstancia atenuante cuando los profesionales han cumplido correctamente. Así fue por ejemplo en el caso del alud de Villaroger en 2006, en el que el juzgado ha exculpado a dos guías, tanto en el ámbito civil como en el penal, mostrando su prudencia, teniendo en cuenta su equipamiento, principalmente un saco airbag que, de momento, es “facultativo”.

Se puede observar que si la ausencia de DVA es un factor agravante en un juicio, la ausencia de saco de tipo airbag no es considerado con tanta severidad.

El hecho de equiparse con aparatos de detección y de equipamiento de material complementario (pala y sonda) está considerado como una obligación de medios recordada frecuentemente por el juez, pues él considera su ausencia como una falta susceptible, si una relación de causalidad se demuestra, de implicar la responsabilidad de un profesional.


La elección del sector

El juez tiene tendencia a mostrarse relativamente severo frente a un profesional que ha cometido errores de diagnóstico en la elección del itinerario que conduce al lugar donde ha sobrevenido un alud, en función de la hora, de la exposición de la pendiente o incluso de las condiciones meteorológicas.

Por el contrario, el juez se muestra más tolerante, cuando el profesional aprecia una elección “clásica” del itinerario.

Hace falta definir en derecho qué se conoce por la noción de itinerario llamado “clásico”.

Parece que el profesional no comete error de apreciación en su elección de itinerario cuando conduce a sus clientes a un itinerario recorrido por numerosos esquiadores y de niveles diferentes.

Parece, pues, que el juez se muestra flexible frente a los profesionales, cuyos itinerarios parecen “clásicos”, con respecto, no solamente al número sino igualmente respecto a la diversidad de niveles de esquiadores que toman ese itinerario.

Hay tendencia a observar una falta por parte de los profesionales cuando han cometido errores en la elección del itinerario a recorrer.

El juez es, a la inversa, intransigente frente a un profesional que para garantizar a sus clientes el itinerario de salida, ha violado una medida de seguridad impuesta por la ley o el reglamento.

La violación de una obligación de seguridad impuesta por la ley o el reglamento constituye una verdadera falta de derecho penal susceptible de responsabilidad para todos los profesionales cuando éstos transgreden una verdadera prohibición.

Lo más frecuente es que tales medidas de prohibición las hayan ordenado los alcaldes, como el cierre de una pista de esquí por riesgo de aludes o la prohibición temporal de acceso a ciertos sectores fuera pista. Estas prohibiciones se materializan sobre el terreno, principalmente por la instalación del edicto y por redes o barreras de seguridad y paneles de prohibición.

Este elemento incorrecto puede conducir a condenas por infracción de homicidio y heridas involuntarias por falta deliberada, o incluso por infracción de puesta en peligro de otros.

En el alud de Isola 2000 el 4 de febrero de 2006, la investigación ha revelado más de una señalización de un cartel amarillo rectangular en la llegada del telesilla precisando la prohibición de acceso por ser una zona peligrosa, lo que no impidió a un monitor de esquí seguir el itinerario del mismo.

Conducirse por una zona claramente cerrada a la práctica del esquí es pues tenido en cuenta en la condena a un profesional. Conviene al menos constatar que los casos son raros. Poco numerosos son efectivamente quienes osan ofender las barreras de prohibición de paso.


Los gestos de seguridad a cumplir tanto frente al medio ambiente como frente a los clientes

Evaluar la nieve, observar las trazas y el manto nivoso, constatar el desencadenamiento de primeras coladas y, sobre todo ser capaz de volverse sobre los propios pasos renunciando al descenso, constituyen gestos tan simples como seguros en relación al medio ambiente y son apreciados por los jueces.

El hecho de no evaluar la estabilidad del manto nivoso puede ser considerado tanto una falta que por sí sola es susceptible de entrañar responsabilidad del profesional, como una circunstancia agravante en caso de accidente.

Una primera decisión concierne al alud de Orres del 29 de diciembre de 1982. Ese día un monitor había conducido un grupo de once personas fuera pista. El alud hirió a una. En este asunto el monitor ha visto su responsabilidad civil contractual implicada, la falta residió en el hecho de abstenerse de verificar si la placa de viento podía sostener al grupo, contentándose con probar la solidez de la placa individualmente, “(…) sin preocuparse de saber si podía resistir el paso de diez esquiadores”.

El juez, por el contrario, tiene la tendencia a atenuar la responsabilidad del profesional que por prudencia no ha negligido ese gesto.

Además de esa razón, el juez puede reprochar al profesional el haberse basado únicamente en las trazas de los esquiadores, ya dibujados en la zona en la que el querría introducirse con los clientes, para tomar la decisión de bajar, sin estimar la necesidad de efectuar otras evaluaciones más seguras.

En lo concerniente a los gestos de seguridad efectuados frente a los clientes, hay que saber que la obligación de seguridad contractual que incumbe al profesional, tiene, entre otras, la información que él transmite a las personas que conduce.

Se deben dar consignas apropiadas a la situación a fin de que la salida en fuera pista se desarrolle con la mayor seguridad.

Tales órdenes “tradicionales” son relativamente simples. Se trata en general, de imponer una distancia mínima entre cada practicante en una subida de esquí de montaña, o constreñirlos a descender uno por uno en un sector con riesgos, desde una zona de seguridad a otra zona de seguridad.

El juez es entonces más o menos clemente en función del número y la pertinencia de informaciones que el profesional ha transmitido a sus alumnos.

Hoy la sociedad rechaza la fatalidad y siente la necesidad de encontrar un responsable, o a veces un culpable.

Ese estado de espíritu tiene la tendencia a conducir a una judicialización de la sociedad completa y a aumentar la condena de las relaciones sociales, que no escapan desgraciadamente a los profesionales de la montaña, principalmente cuando están implicados en un accidente de alud.

No obstante, intentemos calmar los rencores existentes por parte de los profesionales frente a los jueces, a los que se les reprocha a menudo el desconocimiento del oficio: en ningún caso el juez dicta el comportamiento que deben adoptar los profesionales. Como prueba, a fin de garantizar una cierta libertad de ejercicio en la montaña, nunca se ha adoptado un solo principio jurisprudencial, el valor del cual habría permitido compensar una ausencia de reglamentación específica.

El juez no inventa nada, solo se pronuncia sobre las reglas de buena conducta, adoptadas y enseñadas por los mismos profesionales.

Señalemos, para terminar un elemento importante: las penas pronunciadas sobre los profesionales hallados culpables en un alud accidental son a menudo ligeras.

El juez ordena, generalmente, en el marco de un procedimiento penal, penas de prisión con un respiro total.

Las multas no son muy elevadas, generalmente van de 2000 a 8000 euros.

Esta “docilidad” puede eventualmente justificarse, no solamente por la responsabilidad y la presión a las que los profesionales se ven sometidos durante el ejercicio de su actividad, que es asegurar la seguridad pública en un medio ambiente de riesgo, sino también por una voluntad firme de la sociedad de garantizar una cierta libertad en el ejercicio de las actividades de montaña.

Paralelamente, conviene confesar que las condenas son cada vez menos numerosas. No porque el número de aludes cada invierno descienda, ni porque el número de víctimas que causan disminuya sino porque el número de enjuiciamientos se hace cada vez más raro.

Finalmente, aceptar una intervención judicial a posteriori es quizás el precio a pagar para evitar una intervención del Estado a priori, que conduciría, ciertamente , a la desaparición de la noción de medio ambiente específico, el cual reenvía a una cierta libertad a la que los profesionales están ligados.


 

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